El enésimo fallo energético de Sánchez deja en el limbo el organismo que iba a controlar los precios

La ausencia de la Comisión Nacional de la Energía se produce con la luz cerca de los 200 euros el megavatio, mientras que el gas lleva semanas sobre los 80 €/MWh; unas cifras mortales para la industria

La errática política energética en la última legislatura de Pedro Sánchez ha tenido como colofón el fiasco en la creación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Un organismo que, entre sus cometidos, iba a controlar los precios y costes del sistema. Con el ... mercado mayorista de la electricidad cerca de los 200 euros y el gas –índice TTF– por encima de los 80 €/MWh, hubiera sido una precisa piedra de toque para conocer su valor. Ahora nunca lo sabremos.

El apagón, los bandazos con la energía nuclear, los problemas con las redes eléctricas... el actual Ejecutivo ha ido saltando sobre diversas cuestiones sin dejar atada ninguna por completo, y el CNE se ha sumado a la lista.

La recuperación de este organismo fue una iniciativa impulsada por el Gobierno para dotar al sector energético de un regulador independiente, especializado y con mayor autonomía. Además, se declaró como una necesidad urgente en los coletazos finales de la crisis provocada por la guerra de Ucrania.

El procedimiento se inició formalmente en febrero de 2024 y llegó al Congreso de los Diputados en septiembre de ese año. Pero desde ese momento se provocó un bloqueo que ha durado hasta hoy. Todo fueron dudas desde su propia concepción. Había importantes discrepancias sobre si convenía separar la regulación energética de un organismo multisectorial como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). De hecho, el propio macrorregulador no se mostró favorable a su desarrollo.

Pero no fue el único contratiempo. La compleja aritmética parlamentaria provocó que nunca se consiguiesen los apoyos suficientes, y desde ese año se empezó a aplazar el periodo de enmiendas sin avanzar hacia su aprobación.

Hubo una ventana de oportunidad en junio de 2025 cuando el Gobierno quiso legislar algunas cuestiones tras el apagón que se produjo en abril. De nuevo se encontraron muchas dificultades para obtener apoyos, y se desistió.

¿Era necesaria la CNE?

La Comisión Nacional de la Energía tenía sentido, sobre todo, por uno de los motivos de su creación. Aunque en ese momento, con la crisis de Ucrania ya superada, los mercados empezaban a recobrar la normalidad, el objetivo de reforzar la protección del consumidor y la inversión tenía sentido para casos futuros.

Asimismo, el diseño anunciado incluía supervisión de los mercados, protección de los usuarios, resolución de conflictos y regulación de aspectos del acceso y funcionamiento de las redes eléctricas y gasistas. El objetivo declarado era favorecer mercados transparentes, precios competitivos y señales estables para la inversión.

Todo sonaba a la perfección sobre el papel. Tanto, que en esta nueva crisis energética hubiera sido un termómetro perfecto para validar sus objetivos. Pero todo se ha ido al traste, aunque en realidad, y según explican fuentes cercanas al sector energético, desde muy pronto el Gobierno tuvo la sensación de que no saldría adelante.

Las últimas semanas están siendo una tortura para la industria española. Los precios del ‘pool’ están muy por encima de los 100 euros, y eso supone un golpe en los costes de las empresas. Lo mismo sucede con el gas, de forma directa a los consumidores y como tecnología que marca el precio del mix en muchos momentos.

Los pocos apoyos parlamentarios que ha tenido el Gobierno han supuesto un contratiempo mayor de lo esperado

No obstante, no era el único motivo. La creación de la CNE también buscaba una mayor especialización técnica. La transición energética implica supervisar nuevos mercados, tecnologías, redes, almacenamiento, gases renovables e hidrógeno. El argumento del Gobierno era que estas tareas requieren una estructura dedicada exclusivamente al sector energético.

De igual modo, según la exposición de motivos del anteproyecto, la integración en un organismo multisectorial limitaba la especialización y la autonomía necesarias para afrontar los nuevos desafíos energéticos. La propuesta pretendía dar a la CNE personalidad jurídica, estructura y presupuesto propios.

Por último, el otro gran objetivo era también integrar los objetivos de descarbonización, eficiencia y transición energética en la actividad regulatoria.

Aunque se trata de un organismo que nació muerto. El expediente no estuvo exento de discrepancias técnicas. El informe de la CNMC de marzo de 2024 planteó observaciones sobre la independencia de la nueva autoridad, sus funciones, su organización y la coordinación entre la CNE y la CNMC. También reclamó un plan de transición que garantizara la continuidad de las competencias regulatorias.