La maquinaria estatal que anuló y encarceló a miles de mujeres bajo el pretexto de su protección

El Patronato de Protección a la Mujer fue una institución pública española creada en 1941 por la dictadura de Francisco Franco, dependiente del Ministerio de Justicia, que operó hasta bien entrada la transición democrática, siendo clausurado definitivamente en 1984.

Su misión oficial era la "dignificación moral de la mujer" y la erradicación de la prostitución y la delincuencia femenina, pero en la práctica se convirtió en un gigantesco y represivo aparato de control social y moral destinado al sometimiento absoluto de las mujeres que se desviaban de las rígidas normas de conducta impuestas por el régimen nacionalcatólico.

La institución, presidida de forma honorífica por Carmen Polo, la esposa de Franco, delegaba la gestión directa de sus numerosos centros y reformatorios en congregaciones religiosas femeninas, como las Adoratrices o las Oblatas, creando una red punitiva donde la disciplina, el castigo y la anulación de la personalidad eran la norma.

El Patronato ejercía una tutela omnímoda sobre cualquier joven considerada "caída" o "en peligro de caer", un criterio legal sumamente ambiguo que permitía encerrar a miles de mujeres por motivos que hoy resultan aberrantes. Bastaba la denuncia de un padre, un vecino, un policía o un párroco que considerase que una joven era "rebelde", fumaba, iba a salas de baile, tenía relaciones prematrimoniales, se quedaba embarazada fuera del matrimonio o, simplemente, mostraba una actitud independiente para que fuera internada de forma indefinida y sin derecho a una defensa legal.

Al ingresar en estos centros, despojadas de sus pertenencias y de su propia identidad, las internas quedaban sometidas a un régimen de encierro estricto que combinaba el adoctrinamiento religioso obligatorio, el trabajo manual no remunerado bajo condiciones de explotación y un aislamiento total del mundo exterior, donde las cartas eran rígidamente censuradas y las visitas familiares restringidas o prohibidas.

La violencia psicológica era una constante orientada a inocular un profundo sentimiento de culpa y pecado, mientras que los castigos físicos, las humillaciones públicas, el rapado de pelo y los exámenes ginecológicos forzosos —destinados a verificar la virginidad— formaban parte de los mecanismos habituales de control.

Esta maquinaria de sometimiento absoluto funcionaba bajo la premisa de que la mujer debía ser dócil, sumisa, abnegada y recluida en el ámbito doméstico como madre y esposa, por lo que cualquier atisbo de libertad sexual o autonomía era castigado con el internamiento.

El Patronato extendió su sombra represiva incluso más allá de la muerte del dictador, y durante sus décadas de funcionamiento miles de jóvenes sufrieron abusos sistemáticos que incluyeron, en sus años más oscuros, casos de robo y venta de bebés recién nacidos a madres solteras a las que se les decía falsamente que sus hijos habían muerto.

El desmantelamiento y cierre definitivo comenzó a gestarse a finales de los años setenta y principios de los ochenta, impulsado por las denuncias públicas de las propias internas, el auge del movimiento feminista que exigía la abolición del control moral sobre las mujeres y las protestas y fugas organizadas en reformatorios emblemáticos como el de San Fernando de Henares en Madrid.

Estas movilizaciones visibilizaron ante la opinión pública que el Patronato no protegía a las jóvenes, sino que las recluía de forma arbitraria y vulneraba sus derechos constitucionales al privarlas de libertad sin control judicial. Ante la presión social y judicial, el gobierno español inició una progresiva asfixia presupuestaria de la institución y comenzó a transferir las competencias de menores y servicios sociales a las nacientes Comunidades Autónomas, fragmentando el poder centralizado del organismo.

El golpe de gracia institucional llegó bajo el gobierno socialista de Felipe González, cuando el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, firmó el Real Decreto del 11 de abril de 1984 que extinguió formalmente el Patronato, liquidando sus comisiones y transfiriendo sus bienes y funciones de protección de menores a las autonomías.

Sin embargo, la clausura administrativa no significó la desaparición inmediata de la reclusión, ya que algunas comunidades autónomas continuaron concertando plazas con las mismas congregaciones religiosas durante meses e incluso años, lo que prolongó de forma residual las prácticas de encierro moral.

El desmantelamiento total de esta red represiva no concluyó formalmente hasta 1985 con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección jurídica del menor, la cual judicializó definitivamente cualquier medida de internamiento y puso fin a la potestad gubernamental de privar de libertad a las jóvenes por criterios morales, clausurando así uno de los capítulos más oscuros y prolongados del control estatal sobre las mujeres en España. @mundiario