La ‘otra’ acampada por la vivienda: una plataforma pide facilitar la venta de pisos sin cédula en Cataluña
Acampar para reclamar que se facilite la venta de viviendas sin cédula de habitabilidad. Esa es la iniciativa de la Plataforma 2015 per l’Accés a l’Habitatge, que anuncia para el próximo 5 de noviembre en Barcelona una “acampada cubierta”. La entidad busca apoyos para modificar la normativa catalana y permitir que, en determinadas operaciones, la cédula pueda sustituirse por una solicitud registrada acompañada de un certificado técnico favorable.
La organización, que se presenta como una plataforma de constructores, profesionales inmobiliarios, propietarios y arrendatarios, sostiene que esa reforma permitiría ampliar la oferta residencial. En el comunicado y los documentos remitidos a idealista/news, denuncia que hay viviendas de segunda mano que considera aptas para vivir y que, según afirma, no pueden incorporarse al mercado porque la Administración ha denegado o archivado sus solicitudes de cédula.
Su reclamación se centra en las cédulas de habitabilidad de segunda ocupación, correspondientes a viviendas usadas. La plataforma defiende que el certificado de un técnico competente, acompañado de la solicitud registrada, debería permitir realizar determinados trámites sin disponer de la cédula concedida. Con la movilización, pretende trasladar esta petición a los partidos políticos y al presidente de la Generalitat.
Para concretar su demanda, la entidad ha elaborado una propuesta de modificación de los artículos 10 y 11 del Decreto 141/2012. El documento está redactado con formato de decreto, pero mantiene la numeración y las fechas en blanco: es el texto que la plataforma pide aprobar, no una reforma aprobada que comunique en su convocatoria.
En las transmisiones de viviendas de segunda mano, su propuesta permitiría que comprador y vendedor acordasen ante notario sustituir la entrega de la cédula por una solicitud registrada que incluyese un certificado de habitabilidad emitido por un técnico competente. De acuerdo con el borrador, ese profesional debería acreditar que la vivienda reúne las condiciones necesarias para obtener la cédula de segunda ocupación.
La entidad plantea extender esa sustitución a la contratación de suministros. Según la redacción que propone, la solicitud y el certificado técnico podrían presentarse ante las empresas suministradoras en lugar de la cédula.
La plataforma sitúa en más de 82.000 las viviendas afectadas en Cataluña, aunque ofrece dos cifras diferentes en los materiales distribuidos. Mientras el correo menciona 82.762 viviendas, el burofax dirigido al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) recoge 82.672 y vincula esa cantidad a solicitudes de cédula denegadas o archivadas entre 2013 y 2025.
La organización atribuye esa situación a las decisiones de la Agència de l’Habitatge de Catalunya y asegura que los inmuebles cuentan con certificados técnicos favorables. Sin embargo, los adjuntos no incorporan un desglose que permita comprobar si el cómputo corresponde a viviendas distintas o a expedientes, ni separar los motivos de denegación y archivo.
Tampoco detallan cuántos de esos inmuebles están desocupados o cuántos propietarios estarían dispuestos a venderlos o alquilarlos si prosperase la reforma. Por tanto, la cifra defendida por la plataforma no acredita, por sí misma, un volumen equivalente de viviendas que se incorporarían a la oferta.
Las dificultades para obtener la cédula
Como contexto de su reclamación, la plataforma ha facilitado un documento que recoge las dificultades descritas por arquitectos y propietarios para obtener cédulas de segunda ocupación. Los profesionales entrevistados para elaborar esta guía señalan discrepancias entre la realidad del inmueble y su documentación, así como obstáculos para demostrar que determinados espacios tenían previamente un uso residencial.
El informe también aborda los cambios de uso de locales a viviendas, en los que, según explica, intervienen tanto las condiciones de habitabilidad como las exigencias del planeamiento urbanístico. No todos los casos responden, por tanto, al mismo problema administrativo o técnico.
Frente a las quejas por las demoras, se recoge la posición de la Generalitat, que sostiene que aplica la normativa junto con los ayuntamientos y cumple los plazos de resolución. Esa respuesta corresponde al reportaje facilitado por la plataforma, no a un pronunciamiento específico sobre el borrador de reforma que ahora promueve.
La campaña incluye un burofax al COAC en el que la organización solicita la adhesión del colegio y la difusión de la convocatoria entre sus colegiados. En ese escrito, afirma que entre sus adherentes hay pequeños propietarios, arquitectos, arquitectos técnicos, abogados y otros profesionales inmobiliarios, y señala que también pide apoyo a otras corporaciones del sector.
La documentación remitida no incluye una aceptación del COAC. El burofax incorpora un espacio para formalizar la adhesión, pero la petición de respaldo no acredita que las entidades destinatarias compartan la propuesta.
Según anuncia la plataforma, la movilización del 5 de noviembre servirá para presentar públicamente su reclamación y recabar apoyos. Sus promotores vinculan así la “acampada cubierta” a una reforma concreta de las cédulas de habitabilidad, con la que aseguran que se facilitaría la comercialización de viviendas y se ampliaría la oferta residencial en Cataluña.