El Senado, un elemento clave en las elecciones generales de España: ¿cuál es su papel en la batalla electoral?

- PSOE y Frente Amplio se presentarán bajo la denominación Senado de Progreso en una candidatura conjunta

- PP y Vox estudian fórmulas de colaboración para evitar una mayoría de izquierdas en la Cámara Alta

Con el adelanto electoral del 29N concluye una legislatura en que las dos cámaras de las Cortes Generales han tenido composiciones muy diferentes. El llamado bloque de la investidura aglutinó en el Congreso de los Diputados a los partidos de izquierdas y nacionalistas que otorgaron la presidencia a Pedro Sánchez. Mientras, la derecha manejaba con holgura en el Senado gracias a una holgada mayoría absoluta.

El PP ha sabido rentabilizar cada uno de sus escaños en la Cámara Alta, convertida los últimos meses en contrapeso del Congreso y ariete del Gobierno. Entre otras cosas, los populares han impulsado varias comisiones de investigación a las que han llegado a sentar al jefe del Ejecutivo.

Pero las razones de la pugna de los partidos por hacerse con el control de la Cámara Alta van incluso más allá. El Senado, muchas veces relegado en el imaginario colectivo a un segundo plano, tiene por ejemplo una gran influencia en el nombramiento de los miembros de órganos como el Tribunal Constitucional, pendiente de renovación.

Eso hace que el control del plenario de la Plaza de la Marina se haya convertido en uno de los más encarnizados campos de batalla políticos de los últimos tiempos, donde los bloques de la izquierda y la derecha busquen alianzas para rentabilizar sus votos y acceder a una mayoría suficiente para controlar esos nombramientos.

¿Para qué sirve el Senado?

La Cámara Alta es una de las dos mitades del engranaje de las Cortes Generales, que encarnan el poder legislativo en España. Además de su intervención en la elaboración de leyes, como cámara de segunda lectura de las que llegan del Congreso o la posibilidad de proponer sus propios textos legales, en el Senado también lleva a cabo el control del Ejecutivo y se la considera Cámara de representación territorial.

De hecho, las comunidades autónomas adquieren allí un peso específico, con la posibilidad de elegir a los senadores por designación autonómica o asistir a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que informa las leyes y elabora dictámenes sobre textos legislativos que afecten a las comunidades y puede albergar las intervenciones de los presidentes autonómicos.

El Senado celebra, además los Debates del Estado de las Autonomías, donde también pueden participar los jefes de sus Ejecutivos, y es el responsable de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Como se vio durante el procés independentista catalán en 2017, esto supone intervenir una comunidad autónoma si la Cámara considera que su Gobierno actúa contra el interés general de España, para protegerlo.

Durante la legislatura que acaba de finalizar, además, la Cámara Alta ha albergado siete comisiones de investigación impulsadas por el PP, como la del caso Koldo, el CIS, la gestión de los accidentes ferroviarios de Adamuz, el apagón de abril de 2025, o el uso de la SEPI. Recientemente el PP registró una octava, para investigar la entrada masiva e irregular de inmigrantes en Ceuta, que no se puso en marcha por la convocatoria electoral. A esas comisiones, en las que el compareciente tiene obligación de decir verdad, el PP ha citado, por ejemplo, al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y también al expresidente Zapatero, el exministro Ábalos o su exasesor Koldo García.

El Tribunal Constitucional, actual caballo de batalla

En los últimos años, el Tribunal Constitucional ha tomado decisiones tan relevantes y delicadas como el aval de la ley de eutanasia o al derecho al aborto (cuyo blindaje constitucional decae con el adelanto electoral) o la anulación de las condenas a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los ERE. Más recientemente, el foco ha estado sobre el TC por el debate sobre la suspensión del voto de los descendientes de exiliados que adquirieron la nacionalidad por la llamada ley de nietos.

Por decisiones como estas, que atañen al Tribunal Constitucional, la composición del Senado cobra todavía mayor relevancia, dado que es responsable de nombrar una parte de los miembros de la Corte de Garantías.

De hecho, en el momento actual, un tercio de los miembros del Constitucional, incluido el presidente, Cándido Conde Pumpido, está pendiente de renovación. Hay cuatro magistrados (dos conservadores y dos progresistas) con el mandato caducado.

Dicho mandato ya se había prorrogado hasta el 30 de noviembre, un día después de la llamada a las urnas. Pero con la convocatoria electoral tendrá que ser aplazada de nuevo. Tras las elecciones debería procederse, en algún momento, al nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal.

La Corte de Garantías cuenta ahora con una mayoría de siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores. Esto podría cambiar en caso de que el bloque conservador alcance en las urnas los apoyos necesarios (tres quintos de la Cámara).

El sistema de elección del Senado

A diferencia del Congreso, donde se votan listas cerradas y bloqueadas, en el Senado los ciudadanos eligen directamente a los candidatos mediante listas abiertas, en las que pueden repartir sus votos entre distintas formaciones. Por el sistema de mayorías, la fuerza más votada obtiene tres de los cuatro escaños en juego en cada provincia, y la segunda se queda con el cuarto asiento.

En su papeleta, cada elector puede marcar los tres candidatos que prefiera, de varias formaciones y sin un orden obligatorio. Lo habitual, no obstante, es que el elector seleccione a los tres candidatos de una misma lista, sin combinar de varias.

Por todo ello, el sistema favorece aquellas candidaturas que se presenten de forma coordinada y reciban más votos.

Este sistema afectará el 29N a 209 senadores de la Cámara Alta que resulten elegidos por sufragio directo. El resto (58 esta legislatura) son designados por los parlamentos autonómicos, a razón de uno por comunidad y otro más por cada millón de habitantes, respetando la representación proporcional de las fuerzas políticas en cada asamblea legislativa.

Los acuerdos de la izquierda y la derecha

Para los partidos es fundamental, no solo obtener más escaños que el bloque contrario, sino alcanzar la mayoría de tres quintos necesaria para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o el presidente del Tribunal Supremo.

Dado que el sistema de elección de los miembros del Senado favorece a las opciones más votadas y penaliza la división de voto entre distintas formaciones políticas, los bloques de la izquierda y la derecha apuran las horas para alcanzar acuerdos que les permitan presentarse de forma conjunta y reducir las posibilidades del bloque contrario.

A minutos de cerrarse el plazo para presentar las coaliciones, el Partido Socialista selló un acuerdo con Frente Amplio y las dos formaciones de izquierda concurrirán juntas a la Cámara Alta, bajo el nombre de Senado de Progreso, con el objetivo final de arrebatar su dominio al PP.

Según ese pacto, los socialistas encabezarán todas las listas y mantendrán los primeros tres puestos en las circunscripciones donde PSOE obtuvo tres senadores en 2023. En aquellas en las que obtuvo dos, Frente Amplio ocupará el número tres. Y donde el partido de Sánchez ganó un solo escaño, el número dos será para Frente Amplio o la formación regional con la que se haya sellado el acuerdo.

Del mismo modo, PP y Vox buscan alianzas, "fórmulas" para maximizar su presencia en el Senado y evitar una cámara de izquierdas. Con la posibilidad de las coaliciones ya cerrada, el bloque de derechas se centra en otras posibilidades, como listas conjuntas, ya que el plazo de presentación de las mismas finaliza el próximo lunes. O bien la posibilidad de que Vox no se presente en algunas circunscripciones para favorecer en las urnas al PP, que aglutine el voto de la derecha y maximice sus posibilidades.

Santiago Abascal, en una rueda de prensa poco habitual, puesto que suele darlas un portavoz de su partido, lanzaba ese guante al PP para "proteger" al Senado de los acuerdos de izquierda.

Alberto Núñez Feijóo admitía horas después que se estudian "fórmulas de colaboración". Y sin desvelar cuál será la finalmente elegida, ha aludido a los acuerdos entre ambas formaciones en las comunidades autónomas que celebraron elecciones recientemente en los que PP y Vox gobiernan juntos, y donde los de Abascal han recibido, entre otras contraprestaciones, el puesto de los senadores por designación autonómica.