La IA ya está lista para comprar por nosotros pero si se equivoca, ¿quién es el responsable?

El futuro ya está aquí: ahora mismo, usted puede pedirle a su asistente de inteligencia artificial que le reserve una noche de hotel en Lisboa, con cancelación gratuita y por menos de 150 euros. El asistente comparará opciones, elegirá una y pagará con su tarjeta. No obstante, cuando usted revisa la reserva, ve que la tarifa no admite cancelación. Su agente tenía permiso para pagar, pero solo por una reserva cancelable. Ahora, ¿quién le devuelve su dinero?

De esto se trata el “comercio agéntico” (agentic commerce). Los asistentes de IA, a los que también se les llama agentes, funcionan desde el móvil o el ordenador mediante aplicaciones o páginas web que incorporan herramientas para comprar. Además de mostrar resultados, pueden comparar opciones y, cuando el servicio lo permite y el usuario lo autoriza, tramitar la compra y el pago. Su atractivo es ahorrar tiempo: buscar ofertas, revisar alternativas o encargarse de tareas de compra que, de otro modo, tendríamos que hacer nosotros.

Los bancos conocen al cliente

Durante décadas, los bancos han tenido que saber quién era su cliente. Ahora que los asistentes de inteligencia artificial empiezan a comprar y pagar, la pregunta es: ¿quién es el agente que actúa en mi nombre?

Quien haya abierto una cuenta en un banco conoce el trámite. Hay que llevar un documento de identidad, un justificante de domicilio, quizás un certificado laboral y responder algunas preguntas sobre el origen de su dinero. Los bancos lo llaman “Conoce a tu cliente” (o KYC, las siglas de Know Your Customer). Es una de las bases de las normas contra el blanqueo de capitales y parte de una idea sencilla: detrás de cada pago debe haber una persona identificable.

Esa idea empieza a cambiar. En julio, Abanca y Visa completaron una de las primeras compras en Europa iniciada por un agente de inteligencia artificial, con datos reales de tarjeta. BBVA, CaixaBank y Bankinter también han hecho pruebas. Un agente de este tipo busca, elige y paga dentro de los límites que le pone su usuario.

El proceso

El usuario da un permiso por adelantado: cuánto puede gastar el agente, en qué y hasta cuándo. En el protocolo de pagos para agentes que ha publicado Google, ese permiso se llama “mandato abierto”. Cuando el agente encuentra lo que busca, firma un “mandato cerrado” para esa compra concreta. Esa compra tiene que entrar en los límites marcados por el primer permiso.

El agente tiene que identificarse ante la red de pagos. Mastercard, por ejemplo, aplica un proceso Know Your Agent, básicamente un proceso KYC aplicado a un agente de IA, y solo les entrega las credenciales necesarias para pagar si antes han sido registrados.

Se prevé que el negocio crezca, de ahí que la industria se mueva deprisa. En septiembre, Ant International, Mastercard y Visa anunciaron que trabajan en conjunto para que un agente verificado por cualquiera de ellas pueda ser reconocido por las demás. Lo justifican con una previsión de la consultora McKinsey: los agentes podrían mover entre 3 y 5 billones de dólares en compras de consumo en 2030.

Una persona, un agente, una empresa

El nuevo reglamento europeo contra el blanqueo de capitales, que se aplicará desde julio de 2027, obliga a los bancos a comprobar quién actúa en nombre de un cliente y qué poderes tiene. Pero el agente es un programa. Detrás hay una empresa que lo crea, a veces otra que lo ofrece y un usuario que le da órdenes.

La nueva autoridad europea contra el blanqueo presentó a finales de septiembre las normas técnicas sobre este punto. Piden que se pueda comprobar que se tienen poderes de pago y que se especifique hasta dónde llegan. Y, para ello, los ejemplos que dan son los poderes notariales o la tutela, figuras pensadas para personas.

La cuestión es cómo trasladar esas exigencias a un agente de inteligencia artificial: cómo verificar quién lo controla, qué autorización ha recibido y quién responde de sus actuaciones.

Lo que la ley cubre y lo que queda en el aire

Las normas europeas de pagos prevén la devolución de los pagos que el cliente no autorizó. Si alguien usa una tarjeta sin permiso de su dueño, la directiva de servicios de pago obliga al banco, por regla general, a devolver el dinero, y tiene de plazo hasta el final del día hábil siguiente. Cuando el pago lo autorizó el propio usuario, la situación cambia.

La Autoridad Bancaria Europea y el Banco Central Europeo publican cada año un informe sobre fraude en pagos. Según el último, en 2024 los usuarios asumieron cerca del 85 % de las pérdidas por fraude en transferencias. En muchos casos, a la víctima la engañaron para que ordenara ella misma el pago. En las tarjetas, los usuarios asumieron el 38 %.

Estas cifras se refieren al fraude tradicional, no a los errores de inteligencia artificial, sobre los que todavía hay pocos datos. Un experimento de Microsoft Research, con agentes que representaban a cien compradores y trescientos vendedores, permite ver algunos riesgos: muchos aceptaban las primeras ofertas satisfactorias sin comparar suficientemente otras alternativas, y algunos fueron manipulados para dirigir los pagos a vendedores maliciosos. Se trataba de un mercado simulado, no de pérdidas reales de consumidores. Estos resultados ilustran por qué dar permiso a un agente para pagar no garantiza que compre lo que el usuario quería.

Los supervisores también dudan. El Fondo Monetario Internacional avisa de que pagar con permisos dados por adelantado abre nuevas interrogantes: cómo rastrear cada pago, qué consintió el cliente y quién responde. El Bundesbank, el banco central alemán, se pregunta cuándo pedir la doble verificación si quien pulsa “Pagar” es un programa.

La confianza del consumidor

Los consumidores europeos, de momento, van con cautela. En una encuesta de McKinsey, el 56 % se siente cómodo con que la inteligencia artificial le sugiera opciones, si la decisión final la toma una persona. En una encuesta de la empresa de pagos Checkout.com, lo que más se pide es poder fijar un tope de gasto y poder quitar los permisos de forma inmediata.

La tecnología para que un agente pague con seguridad ya existe. Falta decidir cómo encaja en la ley: qué vale un permiso firmado, quién debe comprobarlo y a quién reclama el cliente si algo sale mal.