La regulación del Gobierno provoca la primera estampida de inversores en centros de datos

La regulación del Gobierno para poner orden en la avalancha de centros de datos empieza a provocar las primeras retiradas de promotores. Las medidas aprobadas por el Ejecutivo han desencadenado el abandono de permisos por 1.600 megavatios (MW) de capacidad de acceso a la red eléctrica, según revela la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Es la primera cifra que permite dimensionar las consecuencias de una ofensiva regulatoria que ha abierto una batalla entre el Ministerio para la Transición Ecológica y los grandes operadores tecnológicos. La magnitud de las renuncias es considerable. Los 1.600 MW equivalen a la potencia de conexión que necesitarían 16 grandes centros de datos de 100 MW cada uno. También representan el 40% de los 4.000 MW de demanda eléctrica que el propio Gobierno contempla, en su estimación más elevada, para este sector en 2030.

El informe del regulador no apunta a que se hayan cancelado 16 instalaciones, sino que los promotores han comenzado a abandonar capacidad eléctrica que tenían reservada para desarrollar sus proyectos. El dato aparece en el informe aprobado el pasado 22 de septiembre por el organismo que preside Juan José Ganuza sobre el nuevo real decreto de sostenibilidad energética y medioambiental de los centros de datos.

El documento reconoce expresamente que las medidas introducidas por el Gobierno a través del Real Decreto-ley 7/2026 ya han provocado renuncias, aunque no identifica a las empresas afectadas ni cuántas instalaciones hay detrás. Unos planes de desarrollo en España que están liderados por empresas como Amazon, Meta, Microsoft o Equinix.

Fuentes conocedoras del debate regulatorio advierten de que las consecuencias pueden ir más allá de la retirada de permisos. La preocupación del sector es que España termine imponiendo unas condiciones que dificulten competir por las inversiones internacionales en inteligencia artificial. "Sería increíble que vendiéramos los fondos europeos con una regulación que quita los 'data centers' de España para que se vayan a otros países de Europa", sostiene una fuente sectorial, que cuestiona además la justificación del Gobierno para tramitar estas exigencias con carácter urgente.

La electricidad se ha convertido en uno de los activos más codiciados por la industria tecnológica. Los grandes centros de datos necesitan alimentar miles de servidores y sistemas de refrigeración durante las 24 horas del día. Conseguir capacidad de conexión a la red es, por tanto, una condición fundamental para sacar adelante inversiones que compiten con proyectos similares en otros países europeos. Sin acceso garantizado a suficiente potencia eléctrica, resulta difícil comprometer financiación y fijar un calendario de construcción.

Esta carrera por reservar megavatios explica las dimensiones que ha alcanzado el fenómeno en España. Según la CNMC, ya se han concedido alrededor de 12.000 MW de permisos eléctricos para centros de datos, repartidos a partes iguales entre las redes de transporte y distribución. Otros 27.000 MW siguen en tramitación y más de 32.000 MW han sido denegados.

Las cifras contrastan con los propios objetivos del Ejecutivo. La Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024 contempla alcanzar 2.500 MW de potencia de computación en 2030, equivalentes a una demanda eléctrica de entre 3.500 y 4.000 MW. Es decir, España ya ha concedido aproximadamente tres veces más capacidad de conexión de la que prevé que necesitará el sector al final de la década.

Vaciado de la bolsa de permisos

Ante esta situación, el Ejecutivo decidió endurecer las condiciones para reservar electricidad. El real decreto-ley introdujo nuevas obligaciones para vincular los permisos a una actividad económica concreta, exigir una prestación económica por la reserva de capacidad y retirar los derechos de acceso cuando los promotores incumplan determinados hitos.

El objetivo es evitar que proyectos que nunca llegarán a construirse mantengan bloqueada una potencia que podrían necesitar nuevas industrias, desarrollos inmobiliarios u otros consumidores. La CNMC reconoce que esta estrategia empieza a tener resultados. La cifra, además, podría quedarse corta. El regulador advierte de que, cuando elaboró el documento, todavía no disponía de información sobre las posibles renuncias derivadas de la obligación de comunicar el código de actividad económica (CNAE), cuyo plazo finalizaba el 22 de septiembre. La CNMC estaba actualizando sus datos para incorporar las retiradas recientes.

El regulador, en cualquier caso, comparte la preocupación del Gobierno por el exceso de solicitudes. Advierte de que planificar las redes para una demanda que nunca llegue a materializarse puede obligar a realizar inversiones innecesarias. Pero también alerta de que la entrada en funcionamiento de todos los proyectos solicitados podría generar una presión difícil de asumir sobre el sistema eléctrico y comprometer la conexión de otros consumidores.

La gran incógnita es qué tipo de proyectos están abandonando sus permisos. Si se trata de iniciativas especulativas que nunca iban a materializarse, la regulación estaría consiguiendo liberar capacidad eléctrica para inversiones con mayores garantías de ejecución. Pero si entre las renuncias figuran proyectos avanzados que desisten por el endurecimiento de las condiciones, España podría estar perdiendo oportunidades en plena carrera internacional por atraer infraestructuras de inteligencia artificial.

- Centros de datos, sí, pero con cuidado: la cara oculta del nuevo unicornio Carlos Sánchez

- Pablo Gil, experto en inversiones: "Cuanto más crece la inteligencia artificial, más centros de datos, más chips, más electricidad y más infraestructura necesitan" Silvia López

- Los centros de datos consumen mucha más agua de lo que las compañías admiten Christopher Mims