La cogeneración reclama certidumbre para movilizar 2.200 millones de euros en nuevas inversiones - Industria Química
El sector de la cogeneración reclama completar cuanto antes el marco de inversión y habilitar una Retribución por Extensión de Vida Útil (REVU) para evitar nuevos cierres de instalaciones mientras se materializan las inversiones previstas.
Estas fueron las principales demandas trasladadas durante el XXII Congreso Anual de Cogeneración, celebrado en Madrid bajo el lema “Cogeneración 2026: Subastas para la transición” y organizado por ACOGEN y COGEN España.
El presidente de ACOGEN, José Ignacio Castillo, destacó durante la apertura que la cogeneración constituye una infraestructura industrial y energética que conecta la competitividad de las fábricas con la transición energética. Papeleras, industrias alimentarias, químicas, cerámicas, refinerías y otros sectores calorintensivos utilizan estas instalaciones para producir simultáneamente calor y electricidad, aportando generación gestionable y distribuida próxima a los centros de consumo.
Sin embargo, la evolución reciente del sector muestra una fuerte reducción de su aportación al sistema eléctrico. Entre 2019 y 2025, la producción mediante cogeneración se redujo a la mitad, mientras que su participación en la generación eléctrica nacional pasó del 12 % al 6 %. En lo que va de 2026 se sitúa por debajo del 5 %, frente al 12 % registrado en el conjunto de la Unión Europea.
Entre 2020 y 2025, alrededor de 300 plantas de cogeneración, con una potencia conjunta de 2.300 MW, dejaron de operar al agotar su vida retributiva, mientras el sector esperaba un nuevo marco para acometer su renovación.
Según las estimaciones de ACOGEN y COGEN España, estas paradas han supuesto una pérdida de competitividad equivalente a 1.800 millones de euros anuales de facturación energética industrial, además de un deterioro de la eficiencia energética. El impacto en términos de energía primaria equivale, según las asociaciones, a un incremento del 4 % en el consumo nacional de gas y a unas tres millones de toneladas adicionales de CO₂ al año.
La potencia de cogeneración perdida equivale aproximadamente al 33 % de la producción nuclear española, una capacidad firme y síncrona distribuida por el territorio que también puede proporcionar servicios de control de tensión y frecuencia. Para el sector, su desaparición supone costes adicionales para la operación del sistema y puede comprometer la seguridad de suministro.
El nuevo marco aprobado por el Gobierno contempla dos convocatorias de 600 MW, correspondientes a 2026 y 2027, que podrían movilizar alrededor de 2.200 millones de euros de inversión para nuevas instalaciones y la modernización de las existentes.
Las futuras plantas podrán incorporar tecnologías basadas en gas natural preparadas para utilizar hidrógeno y biomasa, dentro de un modelo que también permite combinar la cogeneración con almacenamiento eléctrico y térmico, electrificación del calor, adaptación al hidrógeno, captura de CO₂ y digitalización.
Esta amplitud tecnológica es considerada por las asociaciones como uno de los principales avances del nuevo marco, ya que permitirá a cada industria diseñar un sistema energético adaptado a sus necesidades y gestionar con mayor flexibilidad la producción y el consumo de energía.
No obstante, el sector advierte de que el modelo económico todavía genera incertidumbres. La propuesta contempla una reducción superior al 30 % de la retribución a la operación respecto a las instalaciones actuales, en buena medida por el nuevo tratamiento del coste del CO₂ asociado al calor. Por ello, la retribución a la inversión será determinante para garantizar la viabilidad de los proyectos.
La primera subasta está prevista para el 10 de diciembre, aunque las asociaciones reclaman que se publique definitivamente la convocatoria en el BOE y se confirme cuanto antes el calendario. “La confianza inversora necesita certezas”, señaló José Ignacio Castillo.
La otra gran preocupación es el periodo transitorio hasta que las nuevas inversiones puedan entrar en funcionamiento. Las asociaciones estiman que otras 100 instalaciones, con unos 1.000 MW, agotarán su vida retributiva entre 2026 y 2029.
Teniendo en cuenta que la ejecución de los nuevos proyectos puede requerir alrededor de cuatro años y que existe una elevada demanda de equipos por parte de sectores como la aviación, la defensa y los centros de datos, ACOGEN y COGEN España advierten del riesgo de nuevos cierres.
Según sus previsiones, dos de cada tres instalaciones de cogeneración podrían estar paradas en 2029 si no se completan las inversiones y no se adoptan mecanismos de continuidad.
Por este motivo, ambas asociaciones proponen habilitar una Retribución por Extensión de Vida Útil (REVU) que permita mantener operativas hasta 2031 las instalaciones que hayan agotado o agoten su vida útil retributiva, siempre que continúen cumpliendo los requisitos de eficiencia energética.
La medida, promovida junto con ADAP, ANEO y AEVERSU, busca preservar actividad industrial, empleo, eficiencia energética y generación distribuida, al tiempo que facilita la transición hacia el nuevo ciclo inversor.
Julio Artiñano, presidente de COGEN España, subrayó que las industrias necesitan reglas completamente definidas, seguridad jurídica y económica, calendarios claros y plazos adaptados a las características de cada fábrica para afrontar inversiones que comprometerán cientos de millones de euros durante las próximas décadas.
El XXII Congreso Anual de Cogeneración reunió a representantes de la industria, administraciones, organismos reguladores y empresas energéticas para analizar el futuro del sector. Más de treinta ponentes participaron en cinco sesiones centradas en las perspectivas políticas y regulatorias, los mercados energéticos, la estrategia europea de descarbonización, las nuevas tecnologías de cogeneración y las necesidades energéticas de la industria.